Nuestra vida cotidiana gira en torno a la tecnología, y a muchos les cuesta imaginar funcionar sin una computadora o un teléfono inteligente. Pensar en un escenario donde todo deje de funcionar parece más propio de la ficción que de la realidad.
La película de Netflix “Dejar el mundo atrás” (2023) muestra que los colapsos tecnológicos no sólo son posibles, sino que también pueden desestabilizar profundamente el entorno. El filme obliga a preguntarnos: ¿qué pasaría si un día nos quedáramos sin internet, sin radio, sin televisión? La falta de comunicaciones nos haría sentir vulnerables, indefensos y aislados, revelando la enorme fragilidad de nuestra normalidad tecnológica.
Pero el verdadero mensaje va más allá de lo social: también sugiere que el colapso digital puede tener consecuencias ambientales de gran escala. Incidentes como las fugas de radiación o el desplazamiento de especies animales fuera de sus hábitats, pueden ser la consecuencia indirecta de un ataque cibernético masivo. Se plantea entonces una inquietante paradoja: la naturaleza, tradicionalmente vista como ajena al mundo digital, también puede convertirse en víctima de un ciberataque.
Esto se debe a que el mundo físico y el mundo digital están cada vez más integrados. Hoy, una falla técnica menor, un error humano, o un ataque a un sistema automatizado puede derivar en un incidente de ciberseguridad con consecuencias inimaginables. A medida que las industrias automatizan sus procesos mediante sistemas operativos tecnológicos (OT), los riesgos asociados se multiplican.
Impactos ecológicos
Las industrias críticas, como la energética, química, hidráulica y alimentaria, son especialmente vulnerables. En estos sectores, un ciberataque no se traduce solamente en interrupciones operativas, sino que puede desencadenar verdaderas catástrofes ecológicas. La manipulación indebida de sistemas industriales podría generar desde derrames tóxicos hasta cortes masivos de energía, pasando por explosiones, incendios y contaminación de ríos o mares.
Lo preocupante es que estos impactos apenas están comenzando a considerarse y estudiarse. La mayoría de las organizaciones no cuenta aún con protocolos claros para gestionar este tipo de riesgos. Existe una tendencia generalizada a subestimar los ciberriesgos ambientales, considerándolos como algo improbable o irrelevante.
El término “ciberriesgo ambiental” hace referencia a escenarios en los que una amenaza digital o una vulnerabilidad explotada causa un daño directo al medio ambiente. Es decir, no se trata únicamente de perder datos o comprometer la operación de una empresa, sino de consecuencias tangibles en la salud de los ecosistemas. Esto transforma el enfoque tradicional de la ciberseguridad, al introducir una dimensión ecológica que hasta hace poco se ignoraba.
Por ejemplo, después de un ataque, los ciberdelincuentes pueden tomar el control de sistemas críticos de una planta industrial. Podrían alterar los sistemas de apertura y cierre de válvulas, modificar la presión de calderas, o interferir con el almacenamiento de sustancias peligrosas. Cualquiera de estas acciones podría derivarse derrames químicos, incendios o emisiones tóxicas, con impactos devastadores para el entorno natural y la salud humana.
De la ficción a la realidad
Un malware que logre infiltrarse en una infraestructura crítica puede interrumpir operaciones además de desencadenar consecuencias concretas como la contaminación de cuerpos de agua, la liberación de gases peligrosos, la paralización de energías limpias o la generación masiva de residuos. Este tipo de ciberataques no son teóricos: ya se han registrado casos reales que alertan sobre su gravedad.
Durante el año 2024, el sector energético fue el más atacado, seguido muy de cerca por el sector químico. Se estima que el 82% de las organizaciones industriales reportaron al menos un incidente en sus entornos OT durante los últimos 12 meses.
En México, por ejemplo, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) fue víctima de un ataque cibernético que, aunque no causó daño ambiental directo, evidenció la vulnerabilidad de los sistemas encargados de abastecer agua a la población. En Estados Unidos, la Agencia de Protección Ambiental (EPA) también encendió las alarmas al identificar múltiples ataques a sistemas hídricos, muchos de los cuales no cumplían con estándares básicos de ciberseguridad. Estos incidentes provinieron, en gran parte, de actores maliciosos ubicados en China, Rusia e Irán.
Las consecuencias de estos ataques no se limitan al ámbito digital o financiero. Las empresas involucradas pueden enfrentarse a severas sanciones legales, demandas, pérdida de reputación y disminución del valor de sus acciones. Desde la perspectiva de los criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG), este tipo de incidentes puede afectar gravemente la evaluación que hacen los inversionistas y la alta dirección.
Acciones proactivas
Para hacer frente a estas amenazas, las organizaciones deben actuar con previsión. Se recomienda incluir el riesgo ambiental en el mapa de ciberriesgos, segmentar correctamente las redes OT y TI siguiendo modelos como Purdue, monitorear la infraestructura en tiempo real, contratar ciberseguros con cobertura ambiental, realizar simulaciones de escenarios y seguir estándares internacionales como ISA/IEC 62443, NIST CSF y Zero Trust Architecture.
Estas acciones forman parte de un trayecto de madurez que toda empresa crítica debería recorrer.
¿Quién debe asumir la responsabilidad de minimizar los ciberriesgos ambientales? En el sector público, recae en los gobiernos, organismos internacionales, reguladores y autoridades de protección civil. Pero en el ámbito privado, esta responsabilidad debe compartirse entre distintas áreas: desde el director de sostenibilidad (CSO), hasta los directores de tecnología (CTO), información (CIO) y seguridad (CISO), todos deben colaborar junto con las áreas legal, de seguridad y TI para construir una estrategia conjunta.
Sin duda, los ciberriesgos ambientales representan una amenaza real que va más allá de la ficción. Son peligros que, de materializarse, pueden comprometer no solo la operación de una organización, sino la sostenibilidad del medio ambiente. Integrar una visión ecológica a los sistemas de protección digital ya no es opcional: es un imperativo ético, estratégico y social.
